NACIONALES
Todo un palo
30 de diciembre de 2015

Una de las características más sobresalientes del gobierno kirchnerista fue la no represión de la protesta social, entendiendo que la represión siempre fue una de las principales herramientas de los gobiernos de derecha para sostener las políticas antipopulares.

Gracias a la voluntad política de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, las condiciones económicas del país evolucionaron favorablemente, posibilitando que miles de argentinos consiguieran trabajo, salieran de la pobreza o la indigencia, y mejoraran su calidad de vida. En ese sentido, la realidad sociopolítica cambió drásticamente entre 2003 y 2014 para la gran mayoría de los argentinos.

Las protestas y piquetes, que a principios de la década del 2000 fueron los protagonistas de la agenda política como reacción al desastre causado por los gobiernos neoliberales cuyas medidas arruinaron al país, fueron disminuyendo tanto en frecuencia y como en cantidad de asistentes. Fueron perdiendo legitimidad como consecuencia del bienestar colectivo que se fue alcanzando. Y se llegó a un punto en el cual el derecho a la protesta empezó a chocar fuertemente con el derecho a la libre circulación.

En ese contexto, entre abril y mayo del 2014 se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación diversos proyectos para “regular” la protesta social, es decir, para evitar la coalición de estos derechos constitucionalmente garantizados (ambos en el artículo 14° de la Constitución Nacional), el de la protesta y el de la libre circulación, entre otros puntos. La iniciativa fue del entonces oficialismo (kirchnerismo), pero también habían proyectos del PRO y del Frente Renovador.

Como era de esperar, los medios de comunicación hegemónicos (Clarín, La Nación, Perfil y sus repetidoras) pusieron el grito en el cielo criticando fuertemente los proyectos de ley, diciendo que el kirchnerismo finalmente iba a implementar “mano dura”, que la política de derechos humanos era una falacia, que era un proyecto improvisado y poco claro en su redacción con lo cual prácticamente se liberaban las zonas para el accionar de las fuerzas de seguridad, etc, etc, etc. La presión mediática fue tal que los legisladores de la oposición no sólo retiraron sus proyectos sino que además se negaron a tratar los del oficialismo, con lo cual todo quedó en el olvido de alguno de esos profundos cajones del Congreso.

Mientras tanto siguieron las protestas y los cortes de calles y autopistas, y se desarrollaron como lo venían haciendo siempre, con negociación y sin represión.

Entre el 18 y 19 de diciembre del corriente año fue noticia en todos los medios nacionales el anuncio del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que el gobierno estaba preparando un nuevo “Protocolo” para regular la protesta social, para que sean “previsibles” y no afecten la libre circulación. En la preparación de ese protocolo estaban trabajando conjuntamente el Ministerio de Seguridad – encabezado por la multifacética Patricia Bullrich – y el Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano

El anuncio se hizo en medio de las protestas por despidos en las empresas Techint y Cresta Roja, y fue celebrado – como era de esperar – por los grupos concentrados de medios de comunicación.

El contenido del “Protocolo” todavía no lo conocemos, pero claramente ya se empezó a implementar y resultados ya son conocidos por todos: los trabajadores de Cresta Roja fueron duramente reprimidos (con los viejos camiones hidrantes y balazos de goma) y la empresa declarada en quiebra.

Los medios protestaron lo justito y necesario para pasar en seguida a justificar la medida.

Todo un cambio, ya lo ves!!

Comentarios